PÉREZ SOLANO, JIMMY ANTONY
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Toda comunidad jurídicamente organizada descansa, en último término, sobre una confianza compartida. Antes incluso de que el Derecho despliegue su capacidad ordenadora mediante normas, procedimientos e instituciones, es preciso que exista la convicción de que los conflictos podrán encontrar una solución racional, previsible y legítima. La seguridad jurídica no constituye, por ello, una cualidad accesoria del ordenamiento, ni un principio cuya relevancia pueda apreciarse únicamente cuando resulta vulnerado. Es, más bien, una condición estructural de la convivencia civilizada. Allí donde desaparece la confianza en la estabilidad de las reglas, en la imparcialidad de quienes las aplican o en la eficacia de las decisiones que ponen fin a las controversias, comienza también a erosionarse la propia idea de Derecho como instrumento de pacificación social.
