ARCINIEGAS MORALES, JUAN CAMILO / ARIAS-BARRERA, LIGIA CATHERINE / ARDILA HERRERA, MARTHA RUTH / BAENA CÁRDENAS, LUIS GONZALO / BOADA MORALES, SEBASTIÁN / BONILLA SANABRIA, FABIO ANDRÉS / CANOSA SUÁREZ, ULISES / CORREDOR HIGUERA, JORGE ARMANDO / GONZÁLEZ PACHECO, JAIME LUIS / HERRERA M., JORGE IVÁN / HIDVEGI ARANGO, SU
U$ 62,56 64,12 €
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La financiación de las empresas y la resolución de conflictos han sido dos necesidades permanentes del sector empresarial colombiano. Lograr los ajustes regulatorios para promoverlas como prioridades no ha sido un asunto sencillo; sin embargo, hace aproximadamente 14 años el Gobierno colombiano asumió esa tarea y produjo una de las normas más ambiciosas en estas materias, la Ley 1676 de 2013.rnLa ambición de esa ley estuvo inicialmente acompañada de una mezcla de sentimientos que iban desde lo aspiracional hasta lo crítico. Lo cierto es que, desde un comienzo, la aspiración del nuevo régimen era darle una entidad propia al derecho de garantías, al sacarlo del ámbito exclusivo del derecho de bienes y generar un verdadero sistema para facilitar la creación, publicidad y ejecución de las garantías como instrumento de mitigación del riesgo de crédito.rnEn un país con serios problemas de acceso al crédito y con unas posibilidades de creación empresarial como el nuestro, la apuesta era enorme. Los primeros años de este régimen han transcurrido en un rol de reglamentación, debates de constitucionalidad y discusión sobre implicaciones para los afectados por este régimen. Lentamente se han ido dando también desarrollos jurisprudenciales, cambios de posiciones, e incluso innovaciones en proyectos de financiación.
