ENRIQUE GIL BOTERO
U$ 43,72 37,08 €
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Con agradecimiento y satisfacción presento a la comunidad
jurídica esta nueva edición de esta obra, que espero
sea de gran utilidad para incentivar el debate y la reflexión
académica alrededor de una materia tan dinámica como lo
es la responsabilidad extracontractual del Estado.
En esta edición se incorporó al capítulo II sobre el daño
indemnizable en la responsabilidad del Estado, el análisis
del pronunciamiento más reciente de la Sección Tercera
del Consejo de Estado sobre el término de caducidad para
los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el
fin de reflexionar sobre la imprescriptibilidad y no caducidad
en reparación directa para los casos de violación de
derechos humanos.
Asimismo, se adicionó al capítulo cuarto sobre la responsabilidad
del Estado por los daños ocasionados por actos
terroristas, el análisis de la última providencia de unificación
en relación con la responsabilidad del Estado frente a
las víctimas de accidentes con minas antipersonales.
Otra de las novedades contenidas en esta edición, es la
incorporación de los pronunciamientos más recientes de
la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
en relación con la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad; en efecto, en la sección
tercera del capítulo sexto sobre responsabilidad del
Estado por la administración de justicia, se hace una
reflexión sobre la entropía de las sentencias proferidas
por las altas cortes y la necesidad de continuar este intenso
debate pues en la actualidad no está unificado.
Por último, esta edición contiene un nuevo capítulo
denominado "Responsabilidad del Estado por el hecho
del legislador", en el que se explica cómo el Estado
puede responder por los daños causados en el ejercicio
de su competencia reguladora, bien sea cuando éstos se
deriven de la expedición de una norma ajustada al
ordenamiento superior, o cuando se origine en una
disposición que es declarada nula o inexequible según
sea el caso. Igualmente, se reflexiona respecto a la
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos
generados por actos administrativos de carácter general.
