LUIS ALONSO RICO PUERTA
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Con la puesta en vigencia de la Ley 1150 de 2007, la contratación estatal ha sido más estrechamente asociada con los medios tecnológicos para efectos de materializar la transparencia, la celeridad, la eficiencia y la moralidad administrativa, entre otros muchos aspectos. Las nuevas reglas negociales han hecho especial énfasis en el significado de los principios contractuales, en su trascendencia y función y en la necesaria vinculación de la comunidad a los procesos públicos, como una herramienta adicional de control. Sumado a ello, la creación de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente ha dado lugar al establecimiento de una entidad rectora cuya tarea esencial es desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, la transparencia y la competitividad.
Se trata, sin duda de un nuevo entendimiento de las políticas de compras públicas, que ha contribuido a una racionalización de la actividad normativa, mediante la expedición de leyes, decretos reglamentarios, manuales, minutas, circulares, etc., todo lo cual ha permitido una mayor precisión, claridad y pertinencia de las reglas que han de gobernar dichos procesos y una mejor aplicación de los dineros públicos en aras de la satisfacción de los fines constitucionales.
Por tal razón, esta décima primera edición ha sido sometida a un estricto proceso de revisión y adecuación, en lo teórico y lo práctico, así como respecto de la normativa legal, el reglamento del Decreto 1082 de 2015, las Leyes 1882 de 2018 y 1955 de 2019, la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha cobrado un nuevo valor y transcendencia con la puesta en vigencia del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo.
