RODRIGUEZ-LLACH / CRUZ OLIVERA, LUIS / PEREIRA ARANA, ISABEL
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El debate de la regulación del cannabis para uso adulto está en la agenda pública. A nuestro juicio la mejor política que puede desarrollar el Estado con respecto de la marihuana es la regulación de su cultivo, fabricación y uso enfocada en reducir el impacto comparativo de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico; proteger la salud pública; promover el desarrollo rural en zonas priorizadas; y promover medidas de reparación financiadas a través de los recursos de la regulación. Las drogas no son el demonio, pero tampoco son juego de niños. Una política de drogas que sea respetuosa de los derechos humanos y que salvaguarde la salud pública debe ubicarse en una posición intermedia entre la liberalización total y la prohibición actual. En este documento, a partir de un análisis comparado de la regulación emitida en Uruguay, Canadá y Estados Unidos y aplicando los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, argumentamos la importancia de un marco fiscal a partir del recaudo de los impuestos en el mercado del cannabis, enfocado en la movilización del máximo de recursos disponibles para financiar los objetivos de reducción del mercado ilegal, salud pública, y atención de las poblaciones afectadas por la política de drogas, planteados de la regulación del cannabis.
