ROMERO JUAN-FARINOS JOAQUIN
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El nuevo contexto globalizado supone formidables desafíos para los territorios y sus gentes. Nada es igual que hace un cuarto de siglo. De las viejas «certezas» y «seguridades» hemos pasado a un brumoso inicio de milenio marcado por la incertidumbre y complejidad del presente. Los territorios y sus gentes son más vulnerables a los cambios y a los riesgos. También tienen nuevas oportunidades. Y en este nuevo contexto han de afrontarse diariamente nuevos, y en ocasiones desconocidos, alejados o incontrolables desafíos que trascienden, superan o desbordan nuestras realidades tradicionales que venían definidas por el marco de los Estados-nación.
Los propios Estados-nación, que tanta seguridad proporcionaron, al menos en esta región del planeta que ha sido capaz de construir sólidas generaciones de derechos civiles, políticos y sociales, están ahora inmersos en una profundo proceso de reestructuración. A la consolidación de una realidad geopolítica supraestatal se añade la emergencia de nuevas realidades subestatales al amparo de procesos de cesión o devolución de poder político. La emergencia del hecho regional y la creciente vinculación de las gentes a lugares, constituye una de las posibles respuestas a un proceso de globalización que en todo caso ha venido para quedarse y sobre el que cabe únicamente incorporar nuevos procesos más democráticos para conducir el proceso de otra manera. En cualquier caso, se han erigido en nuevos actores políticos de primer orden a la hora de elaborar e instrumentar políticas públicas en el territorio.
El territorio, que ha recobrado todo su protagonismo, también es entendido de otra manera. Más rica y compleja. Ahora es mucho más que mero soporte físico o contenedor de actividades. Es el espacio donde se producen relaciones sociales y económicas generadoras de pautas específicas de equilibrio, desigualdad o marginación, dependiendo de su grado de conexión a redes más o menos globales. El territorio es entendido como recurso, como patrimonio, como paisaje cultural, como bien público, como espacio de solidaridad, como legado... La propia cultura de los territorios es ahora entendida como factor de competitividad de primer orden.
Se han abierto camino, en definitiva, nuevos valores y en los territorios -cada vez más homogeneizados- hay nuevos actores. Como consecuencia, cambia la naturaleza de los conflictos y se modifican las funciones. Pero, sobre todo, están cambiando las formas de gobierno de territorio. El cambio social, la segmentación creciente, la emergencia de nuevos actores políticos, la mayor distribución del poder de decisión obliga a gobernar de una forma más horizontal, más participada, más próxima, más atenta a los contextos específicos, más democrática en definitiva. Un nuevo reto para el espacio público, principal e insustituible responsable de impulsar políticas orientadas a mejorar la competitividad, a garantizar la cohesión social y a velar por una gestión más prudente del territorio.
Ahora, el espacio público viene obligado a hablar de subsidiariedad, de partenariado, de cooperación (vertical y horizontal, formal e informal), de políticas públicas que garanticen un desarrollo más sostenible, de la necesidad de superar enfoques sectoriales, de desarrollo territorial, de enfoque estratégico... Y en el caso de la Europa unida ésta no es una cuestión fácil, porque existen diversas tradiciones, culturas territoriales, contextos específicos y un muy variado reparto del poder político entre niveles responsables de desarrollar y evaluar políticas públicas con incidencia territorial. Algunas de estas cuestiones son analizadas en este texto por algunos de los mayores expertos europeos.
