SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
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Marcada históricamente por el conocimiento de acciones en el marco de las pretensiones declarativas, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocía de procesos ejecutivos debido a que se entendía que esta clase de procedimientos correspondía al dominio exclusivo del derecho procesal civil y, en consecuencia, era de conocimiento privativo de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, con ocasión de la expedición de la legislación que le asignó al juez administrativo competencias en la materia, el asunto se convirtió en un gran desafío para el Consejo de Estado, corporación a la que le correspondió confrontar las particularidades de este singular proceso ejecutivo y suplir por vía jurisprudencial los vacíos dejados por el legislador. En últimas, lo que se pretende es forzar a la Administración a ejecutar lo debido, asunto no exento de peculiaridades. En desarrollo de esa tarea el Consejo de Estado ha desempeñado una loable labor interpretativa, sistemática y articuladora de las normas procesales con el propósito de fijar las reglas adecuadas para su trámite.
En este trabajo se presenta y consolida el estado del arte de la jurisprudencia en la materia, así como las vicisitudes que ha debido afrontar en su desarrollo constitucional y legal. Además, se exponen algunas reflexiones sobre el tema y se ofrece una propuesta desde la práctica judicial, con el fin de hacer más efectivo el pago de una sentencia.
