LAS RESTRICCIONES PENALES A LOS DEBATES SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA

LAS RESTRICCIONES PENALES A LOS DEBATES SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA

Editorial:
EDICIONES JURIDICAS GUSTAVO IBAÑEZ
Año de edición:
Materia
DERECHO PENAL
ISBN:
978-958-791-008-7
EAN:
9789587910087
Páginas:
152
Encuadernación:
Rústica
Disponibilidad:
NO DISPONIBLE

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Contenido: A. Precisiones conceptuales: 1. La dimensión doble del derecho a la libertad de expresión; 2. La libertad de expresión y su relación con el régimen democrático; 3. Los límites a la libertad de expresión; 4. Las restricciones a la libertad de expresión; 5. Las leyes de desacato, difamación penal y de privacidad frente a discursos sobre interés público; 6. La puesta en atención en Latinoamérica y en su ius constitutionale commune. B. Precisiones metodológicas. 1. Estándares interamericanos para la validez de la sanción penal como restricción ulterior a los discursos sobre asuntos de interés público: 1.1. Las tesis encontradas entre la Corte IDH y la CIDH; 1.2. Los discursos sobre asuntos de interés público; 1.3. Criterios para determinar la compatibilidad de una sanción a la libertad de expresión por la afectación del honor y la reputación y la CADH; 1.4. Otras afectaciones graves a la libertad de expresión en relación con las sanciones penales, sus efectos patrimoniales y el simple juzgamiento. 2. Derogación e invalidez de las leyes de desacato y de difamación penal en las américas: 2.1. La derogación de las leyes de desacato; 2.2. Decisiones sobre la invalidez de las leyes de desacato y difamación. 3. La resolución de casos individuales: aplicación de leyes de difamación frente al ejercicio de la libertad de expresión en asuntos de interés público: 3.1. Resoluciones judiciales al margen del DIDH; 3.2. La materialización de los riesgos al renunciar a la reserva de ley de los límites a la libertad de expresión en Colombia; 3.3. Resoluciones judiciales que absuelven sin negar la posibilidad de que se configure la difamación criminal; 3.4. El inconsistente reconocimiento del umbral diferencial de protección de la vida privada de los funcionarios públicos.