HERNANDEZ RIVEROS LUIS HUMBERTO
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Así lo asegura el profesor Luis Humberto Hernández, autor del libro Coaliciones promotoras y cambios en la política petrolera colombiana: 1905-2015, para quien ningún Estado puede imponerse a ese carácter trasnacionalizado afín a las políticas petroleras en el mundo.
Al respecto señala que tal situación se observa en el hecho de que, durante la crisis de 2015, países productores como Venezuela terminaron afectados en su política por el impacto allende a sus fronteras.
En Colombia las regalías se han constituido en un subsistema de dentro de la política petrolera, con sus respectivas coaliciones, una centralista y otra descentralizada, que copan el interés de la opinión pública, para la cual pasa desapercibido el grueso de la política y demás hechos, como el alza del precio de la gasolina.
El experto explica que las políticas públicas petroleras son definidas por coaliciones trasnacionales (advocacy coalitions), integradas por diversos actores de distintas compañías multinacionales que realizan labores de exploración y explotación de hidrocarburos petróleo, gas, carbón. Estas tardan hasta 10 años en consolidarse, por lo que su análisis no se debe circunscribir a los periodos administrativos de los gobiernos, subraya.
En tal sentido, considera que aunque el Estado colombiano, como coalición gubernamental administrativa de la política petrolera, es profuso en su legislación, no tiene mayor incidencia por cuanto la coalición transnacional es la que cuenta con capital financiero, intelectual y técnico para desarrollarla.
Política extractiva
En cuanto a la política extractivista de Colombia, el autor señala problemas como la satisfacción de la demanda interna con recursos propios y bajos costos e ingresos para el Estado. Además destaca que el último periodo neoconcesionado apunta a transnacionalizar precios y consumidores.
En ese marco, explica que en Colombia se identifican cuatro periodos de la política petrolera vinculados al tipo de sistema contractual, o gestión estatal: extractivista concesionado (1905-1950), extractivista estatal (1951-1973), extractivista asociado (1974-2002) y extractivista neoconcesionado (2003-2015), en los que las transnacionales siempre han estado presentes.
El último periodo, por ejemplo, es un retorno al viejo sistema de concesión de los años veinte, con el que se había inaugurado la política, pero en el que los nuevos contratos entre transnacionales y Estado ya no tendrán plazos definidos de 28 años, sino que se podrán extender hasta que la empresa explotadora agote el recurso.
De esta manera se pone fin a las condiciones que permitían revertir las concesiones, cuyas reservas garantizaban la estabilidad y autosuficiencia de la estatal, que por su parte ha dejado de formar parte de la coalición administrativa estatal y pasa a la de las creencias, los valores, metas y propósitos básicos afines con la coalición transnacional.
Aunque el boom que vivió el país en el periodo 2005-2013 se corresponde con el alza de precios internacionales y con la explotación de las reservas de los crudos pesados de campos viejos, no existe ningún nuevo descubrimiento y en cambio sí se evidencian fenómenos de corrupción que hasta entonces no había tenido la estatal petrolera.
No obstante, tras la crisis de 2015 no se prevén cambios, sino una profundización del modelo extractivista neoconcesionado, tal como lo ha propuesto la coalición transnacional que preside Francisco José Lloreda, quien propone una revisión que conlleve a bajar impuestos a las empresas, reducir la tarifa de retención en la fuente, revisar el sistema de regalías y agilizar el otorgamiento de las licencia ambientales, entre
